Pánico en las CCAA: no saben cómo pagar más funcionarios
Pánico en las CCAA: no saben cómo pagar más funcionarios
El plan de choque contra la temporalidad en la Administración Pública impulsado por Miquel Iceta y aprobado esta semana amenaza con agravar la delicada situación de las finanzas autonómicas.
Lainformacion.com
La iniciativa legal impulsada por el ministro de moda en el Gobierno para estabilizar más de 300.000 plazas ocupadas por interinos y reducir la disparada tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas al 8% siembra el desconcierto entre las comunidades autónomas que temen un incremento descontrolado de su cuenta de gastos de personal.
El fenómeno se repite con insistencia machacona año tras año. Cada verano, coincidiendo con el fin del curso escolar, una masa de en torno a 200.000 trabajadores del sector educativo salen de los registros de afiliados a la Seguridad Social y pasan a engrosar las listas del paro en un ciclo inexorable que les lleva a reincorporarse posteriormente a su anterior empleo entre los meses de septiembre y octubre. Siendo Magdalena Valerio ministra de Trabajo y Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social, hace apenas tres años, el Ministerio anunció un plan para que la Inspección de Trabajo realizara una batida en centro escolares públicos, privados y concertados para detectar situaciones fraudulentas. Nunca se llevó a cabo. Se dijo que fue porque una sentencia europea avaló esos despidos, pero la decisión no fue ajena a las fortísimas presiones ejercidas desde las consejerías de educación de comunidades autónomas de todo signo político que advirtieron al Gobierno de que acabar con ese modelo de contratación dinamitaría el funcionamiento del sistema educativo.
Las comunidades autónomas consiguieron entonces convencer a Valerio para que metiera su plan de inspecciones al sector educativo en el cajón, pero tres años después se encuentran ante la tesitura de tener que convertir en funcionarios a buena parte de esos trabajadores interinos de la educación que año tras año despiden en junio o julio para volver a contratar en septiembre en un fraude de ley consentido hasta ahora que ahorra miles de millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas. El plan de choque contra la temporalidad en la Administración impulsado por el ya exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros pretende resolver el grave problema de temporalidad en el sector público que situó a España en el punto de mira de la Comisión Europea –tras un par de sentencias del TJUE denunciando la situación de abuso que viven interinos y personal laboral fijo al servicio de la Administración en España– pero amenaza con agravar la ya delicada situación de las finanzas autonómicas, que según lo dispuesto en esa ley se ven ante la obligación de transformar cientos de miles de puestos ocupados por interinos en puestos fijos dentro de sus plantillas.
“Alguien nos tendrá que decir cómo vamos a pagar todo esto”, advierten desde el Área de Función Pública de una de las comunidades autónomas con un mayor volumen de trabajadores interinos. Y es que la transformación masiva de puestos de interinos y personal laboral en funcionarios no saldrá gratis. En parte, porque los gobiernos autonómicos ya no podrán cargar a los Servicios Públicos de Empleo parte de las retribuciones anuales de los cientos de miles de interinos que mantienen contratados solo de septiembre a junio o con otras pautas estacionales en ámbitos como la Sanidad o los Servicios Sociales, pero también porque tendrán que reconocer a partir de ahora un núcleo de derechos exclusivos de los funcionarios de carrera a los que ahora podrán acceder de golpe en torno a 300.000 nuevos funcionarios más.
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La iniciativa legal impulsada por el ministro de moda en el Gobierno para estabilizar más de 300.000 plazas ocupadas por interinos y reducir la disparada tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas al 8% siembra el desconcierto entre las comunidades autónomas que temen un incremento descontrolado de su cuenta de gastos de personal.
El fenómeno se repite con insistencia machacona año tras año. Cada verano, coincidiendo con el fin del curso escolar, una masa de en torno a 200.000 trabajadores del sector educativo salen de los registros de afiliados a la Seguridad Social y pasan a engrosar las listas del paro en un ciclo inexorable que les lleva a reincorporarse posteriormente a su anterior empleo entre los meses de septiembre y octubre. Siendo Magdalena Valerio ministra de Trabajo y Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social, hace apenas tres años, el Ministerio anunció un plan para que la Inspección de Trabajo realizara una batida en centro escolares públicos, privados y concertados para detectar situaciones fraudulentas. Nunca se llevó a cabo. Se dijo que fue porque una sentencia europea avaló esos despidos, pero la decisión no fue ajena a las fortísimas presiones ejercidas desde las consejerías de educación de comunidades autónomas de todo signo político que advirtieron al Gobierno de que acabar con ese modelo de contratación dinamitaría el funcionamiento del sistema educativo.
Las comunidades autónomas consiguieron entonces convencer a Valerio para que metiera su plan de inspecciones al sector educativo en el cajón, pero tres años después se encuentran ante la tesitura de tener que convertir en funcionarios a buena parte de esos trabajadores interinos de la educación que año tras año despiden en junio o julio para volver a contratar en septiembre en un fraude de ley consentido hasta ahora que ahorra miles de millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas. El plan de choque contra la temporalidad en la Administración impulsado por el ya exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros pretende resolver el grave problema de temporalidad en el sector público que situó a España en el punto de mira de la Comisión Europea –tras un par de sentencias del TJUE denunciando la situación de abuso que viven interinos y personal laboral fijo al servicio de la Administración en España– pero amenaza con agravar la ya delicada situación de las finanzas autonómicas, que según lo dispuesto en esa ley se ven ante la obligación de transformar cientos de miles de puestos ocupados por interinos en puestos fijos dentro de sus plantillas.
“Alguien nos tendrá que decir cómo vamos a pagar todo esto”, advierten desde el Área de Función Pública de una de las comunidades autónomas con un mayor volumen de trabajadores interinos. Y es que la transformación masiva de puestos de interinos y personal laboral en funcionarios no saldrá gratis. En parte, porque los gobiernos autonómicos ya no podrán cargar a los Servicios Públicos de Empleo parte de las retribuciones anuales de los cientos de miles de interinos que mantienen contratados solo de septiembre a junio o con otras pautas estacionales en ámbitos como la Sanidad o los Servicios Sociales, pero también porque tendrán que reconocer a partir de ahora un núcleo de derechos exclusivos de los funcionarios de carrera a los que ahora podrán acceder de golpe en torno a 300.000 nuevos funcionarios más.